La Carta garantiza «el disfrute sin discriminación de los derechos humanos económicos y sociales fundamentales», como los referentes al trabajo, a sindicarse, a la negociación colectiva, a la asistencia médica y a la protección de las familias de trabajadores inmigrantes.
La Carta estableció un mecanismo de control, a través de informes nacionales realizados por el Comité Europeo de Derechos Económicos y Sociales, que se amplió en 1996 con una revisión, por la que se pueden presentar demandas colectivas contra los estados.
Así, organizaciones no gubernamentales y sindicatos pueden reclamar al citado Comité, incluso de manera preventiva, al ser adoptada una ley.
El acto, celebrado en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo (nordeste de Francia), ha contado con la participación del secretario general de la organización, Thorbjørn Jagland; y el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jean-Paul Costa.
También estuvieron presentes el presidente del citado Comité, Luis Jimena Quesada; el presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, Mevlut Cavusoglu; y el alcalde de Turín, Piero Fassino, por ser esta la ciudad italiana donde se abrió a la firma la Carta.
Jagland señaló en su intervención que «todos conocemos la libertad de expresión, ¿pero sabemos que tenemos derecho a un sueldo digno? Por su parte, Jimena afirmó que «más derechos sociales es el mejor antídoto anticrisis».
Según declaró a Efe Jimena, los grandes logros de la Carta son el derecho al descanso frente a una duración excesiva de la jornada o del tiempo semanal de trabajo y el abono incrementado de las horas extraordinarias.
Además, cita otros grandes hitos como la no discriminación sexual y la protección de la maternidad o de la conciliación de la vida laboral y familiar.
Hasta la fecha el Comité ha recibido 75 demandas colectivas. Italia, Grecia y Bulgaria han sido demandadas por la situación de la población gitana y Francia, por la duración de la jornada laboral de los cargos ejecutivos.
Las demandas colectivas se pueden presentar contra los 14 estados que han ratificado la Carta revisada, entre los que no se encuentran España, Alemania y Reino Unido.
Jimena atribuye esa situación a una «incomprensible falta de voluntad política, acaso sustentada en inexplicables y reticentes informes técnicos», ya que hay «un mandato constitucional de Estado social, democracia social y realización efectiva de derechos sociales».
Califica además de «incongruente» que España haya aceptado el mecanismo de demandas individuales ante el Comité de la ONU de derechos económicos, sociales y culturales y no el de reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.
